Internacional

CIDH condena muertes y agresiones en protestas de Nicaragua

Urge al estado cese de agresiones y represión ante manifestaciones.

A raíz de las protestas originadas el 18 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge enérgicamente al Estado de Nicaragua investigar los hechos cometidos y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos,  76 personas muertas, y 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas.

De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.

“La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha”, sugiere.

De igual forma la CIDH condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidas en este contexto.  La Comisión urge que cese de inmediato la represión de la protesta social con carácter urgente.

Los incidentes se registraron en la ciudad de Managua, León, Estelis, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otros.

La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático.

Por ello la CIDH emitió 15 recomendaciones entre las cuales  exigen crear un mecanismo de investigación internacional, autónomo e independiente para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.

Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.

Investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.

Así como desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil así como sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales.

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